La Inteligencia Artificial Potencia la Sostenibilidad y la Participación Ciudadana en la Administración Pública
15 de julio de 2025 — La integración de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública está generando efectos positivos en ámbitos tan diversos como la sostenibilidad medioambiental, la participación ciudadana y la protección de datos personales.
IA y Políticas de Sostenibilidad
La administración pública está utilizando sistemas de IA para optimizar la gestión de recursos naturales, mejorar la eficiencia energética en edificios municipales y diseñar políticas de movilidad urbana más sostenibles. El análisis inteligente de datos permite anticipar necesidades y reducir el impacto ambiental de las actuaciones públicas.
Mayor Participación Ciudadana
Otro ámbito en el que la IA está marcando la diferencia es en la relación entre la ciudadanía y la administración. Gracias a plataformas inteligentes, se facilita la consulta y participación de la población en la toma de decisiones, con procesos más accesibles, transparentes y representativos. Encuestas automatizadas, foros digitales y análisis de opinión pública ayudan a las instituciones a conocer mejor las necesidades de la sociedad.
Protección de Datos y Confianza Digital
El uso de inteligencia artificial también plantea importantes desafíos en la protección de la privacidad. Por ello, las administraciones están reforzando sus políticas de ciberseguridad y desarrollando normativas específicas para garantizar que el tratamiento de los datos personales sea seguro y respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Innovación al Servicio del Bien Común
Con estos avances, la administración pública demuestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta estratégica para construir un futuro más sostenible, participativo y seguro. El reto ahora es consolidar una cultura digital que ponga la tecnología al servicio de las personas.
La IA que entiende el lenguaje administrativo mejor que nadie.
En los ayuntamientos se habla un idioma propio: el del expediente, la instancia, la alegación, el informe preceptivo, la base de ejecución o la resolución motivada.
Y ahora, por fin, hay una inteligencia artificial capaz de comprenderlo.
¿Y si una IA pudiera ayudarte a leer, clasificar o redactar documentos administrativos?
Esta IA no te habla en inglés técnico, ni lanza respuestas genéricas sacadas de internet. Está diseñada para entender y trabajar con el lenguaje propio de la administración pública, incluyendo:
Formularios tipo: instancias generales, solicitudes, declaraciones responsables...
Normativa local y autonómica.
Expedientes de contratación (pliegos, actas, informes de adjudicación).
Reclamaciones, alegaciones, informes técnicos y jurídicos.
Estructuras habituales de resoluciones, decretos y propuestas.
Y no solo lo entiende: te ayuda a trabajar más rápido y con menos margen de error.
Automatiza tareas sin perder el control.
Esta inteligencia artificial no sustituye al técnico ni decide por el alcalde. Pero sí puede:
Clasificar al instante decenas de documentos por tipo, contenido y urgencia.
Sugerir borradores de respuestas o informes basados en plantillas ya utilizadas.
Detectar incoherencias o vacíos en solicitudes ciudadanas.
Ayudar a redactar resoluciones, siempre bajo revisión humana.
Porque en vez de competir con el trabajo técnico, lo complementa con eficiencia y contexto.
Entrenada con contexto local, no con frases genéricas.
No se trata de una IA genérica. Está entrenada específicamente con:
Lógica jurídica y procedimental.
Modelos de documentos municipales.
Vocabulario y estructuras propios del entorno institucional.
Casuística frecuente de ayuntamientos medianos y pequeños.
En otras palabras: no necesita que traduzcas tu lenguaje administrativo al suyo… porque ya lo habla.
Con todas las garantías legales.
Por supuesto, la herramienta cumple con:
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA).
Normativas sobre interoperabilidad, transparencia y confidencialidad.
Es decir: puedes usarla sin miedo, sin vacíos legales y sin comprometer derechos.
Conclusión: tu nuevo aliado en la tramitación diaria.
La IA no viene a reemplazar a nadie. Viene a hacer más llevadero el trabajo que ya haces cada día. Viene a ayudarte a resolver más con menos estrés, menos papel y más precisión.
Prueba una IA que habla tu idioma… el administrativo.
Solicita una demo sin compromiso y descubre cómo puede adaptarse a tu municipio.
Europa lidera la regulación de la IA: entra en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial
Una norma histórica para una tecnología que marcará el futuro
El pasado 1 de agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento IA o AIA, por sus siglas en inglés), marcando un antes y un después en el uso, desarrollo y comercialización de sistemas de IA en la Unión Europea. Se trata del primer marco legal integral a nivel mundial centrado en esta tecnología, con el que Europa busca liderar su regulación ética, segura y humana.
Este Reglamento tiene un doble objetivo: impulsar la innovación en IA y garantizar la protección de derechos fundamentales, la seguridad y la salud pública, el medio ambiente y la democracia.
¿Qué regula exactamente el nuevo Reglamento?
El texto establece un enfoque basado en el riesgo, con una clasificación de los sistemas de IA en cuatro niveles:
Riesgo inaceptable: prácticas directamente prohibidas, como el social scoring o la manipulación subliminal.
Alto riesgo: sistemas que pueden afectar derechos o seguridad (por ejemplo, en justicia, fronteras o selección de personal).
Riesgo limitado: obliga a transparencia (como alertar cuando se interactúa con un chatbot).
Riesgo mínimo o nulo: sin requisitos específicos.
A los sistemas de alto riesgo se les exigen obligaciones técnicas estrictas: gestión de riesgos, gobernanza de datos, registros automáticos, transparencia en su funcionamiento, ciberseguridad, intervención humana, y evaluación de conformidad previa a su puesta en el mercado.
Ámbitos y actores a los que se aplica
El Reglamento afecta a todos los agentes de la cadena de valor de la IA:
Proveedores, incluso si están fuera de la UE, si sus sistemas se usan dentro.
Importadores y distribuidores.
Usuarios (entidades públicas o privadas que operen sistemas).
Modelos de uso general (GPAIS) que puedan adaptarse a fines de alto riesgo.
No se aplica a usos militares, seguridad nacional, ni a desarrollos científicos no comercializados, ni al uso puramente personal.
Prácticas expresamente prohibidas
Entre las prohibiciones más destacadas:
Manipulación subliminal que dañe a las personas.
Explotación de vulnerabilidades por edad o condición social.
Clasificación social automatizada (scoring).
Reconocimiento emocional en trabajo y educación.
Identificación biométrica remota en tiempo real, salvo excepciones muy específicas.
Espacios controlados de prueba (sandboxes)
Para fomentar la innovación, el Reglamento contempla la creación de “sandboxes regulatorios”, donde las empresas podrán desarrollar IA bajo supervisión sin exponerse a sanciones, siempre que cumplan con planes aprobados. Estos espacios serán prioritarios para PYMEs y start-ups, con medidas de apoyo específicas (formación, asesoría, acceso a recursos).
Transparencia y derechos de las personas
Se establecen reglas claras para proteger a la ciudadanía:
Las personas deben ser informadas si están interactuando con una IA.
Debe señalarse si una imagen, voz o texto fue generado artificialmente (deepfake).
Se exige advertencia en el uso de sistemas de categorización biométrica o reconocimiento de emociones.
Gobernanza y supervisión
A nivel europeo, se crea un Consejo Europeo de IA y una Oficina de IA. Cada Estado miembro debe designar:
Autoridades notificantes (para validar organismos evaluadores).
Autoridades de vigilancia del mercado (para controlar los sistemas en uso).
Régimen sancionador
El incumplimiento de este reglamento puede acarrear multas millonarias:
Hasta 35 millones € o 7% del volumen mundial por prácticas prohibidas.
Hasta 15 millones € o 3% por no cumplir otras obligaciones.
Hasta 7,5 millones € o 1% por proporcionar información engañosa.
Calendario de aplicación
1 de agosto de 2024: Entrada en vigor oficial.
2 de febrero de 2025: Aplicación de prohibiciones y definiciones generales.
2 de agosto de 2025: Reglas de gobernanza, sanciones y GPAIS.
2 de agosto de 2026: Aplicación plena.
2 de agosto de 2027: Reglas de clasificación de sistemas de alto riesgo.
La IA no viene a sustituir funcionarios. Viene a cuidar su tiempo.
Todo empieza con una idea.
Introducción: el tiempo perdido
En cada ayuntamiento de España —desde los más grandes hasta los más pequeños— hay una paradoja cotidiana: funcionarios altamente cualificados que dedican horas a tareas que no requieren su criterio ni su experiencia.
Redactar el enésimo certificado. Revisar manualmente datos ya validados. Copiar y pegar el contenido de una resolución. Imprimir, firmar, escanear.
No es falta de vocación. Es falta de tiempo.
Y el tiempo, en una administración pública que quiere ser eficaz y accesible, es un bien escaso y estratégico.
Por eso afirmamos, con rotundidad: la inteligencia artificial no viene a sustituir a las personas que sostienen nuestros ayuntamientos. Viene a cuidar su tiempo, su atención y su criterio.
Un cambio de paradigma
Hasta ahora, la transformación digital en muchos municipios ha consistido en informatizar tareas sin repensarlas.
Sistemas lentos. Formularios con 15 clics. Tramitadores que digitalizan la complejidad sin reducirla.
La inteligencia artificial bien aplicada nos ofrece una oportunidad inédita: automatizar lo accesorio para liberar lo esencial.
No para despedir técnicos, sino para permitirles dedicarse a lo que sí necesita su cabeza.
No para sustituir decisiones, sino para preparar mejor la información con la que se toman.
No para hacer magia, sino para aplicar inteligencia —humana y artificial— donde más valor genera.
¿Qué puede y qué no debe hacer la IA?
La IA puede ayudarte a:
Redactar un borrador de resolución estándar conforme a modelo.
Validar automáticamente datos que se repiten en todos los expedientes.
Sugerir mejoras en un pliego según la LCSP.
Explicar al ciudadano qué le falta en su solicitud, con lenguaje claro.
Un pacto implícito: IA con valores públicos
Cuando una administración adopta IA, no está adoptando solo una tecnología. Está asumiendo un nuevo marco de trabajo.
Uno en el que deben convivir:
Legalidad: RGPD, RIA, principios constitucionales.
Trazabilidad: saber cómo y por qué se ha generado un contenido
Conclusión
La administración del futuro no será una oficina sin personas. Será una administración con mejores personas, mejor informadas, y con más tiempo para lo que realmente importa: tomar decisiones, garantizar derechos y atender a quienes más lo necesitan.
Porque la IA, si se diseña con sentido común y propósito público, no resta humanidad: la libera.
¿Puede una inteligencia artificial tener vocación de servicio público?
Todo empieza con una idea.
Una pregunta incómoda (y necesaria)
Cuando hablamos de inteligencia artificial en la administración pública, hablamos de algoritmos, automatización, productividad, eficiencia... Pero pocas veces nos preguntamos:
¿Puede una IA encarnar —aunque sea mínimamente— los valores del servicio público?
Es una pregunta provocadora. Porque en realidad, lo que está en juego no es solo qué puede hacer la IA, sino qué esperamos que haga, cómo lo haga y a quién sirva en el proceso.
¿Qué entendemos por vocación de servicio público?
No se trata de una fórmula sentimental ni de un cliché administrativo. La vocación pública es:
Actuar en beneficio del interés general
Tratar a todos por igual, con imparcialidad
Explicar lo que se hace y por qué
Garantizar derechos y deberes de forma clara
Hacer más accesible lo complejo, no al revés
¿Puede una herramienta de IA, entrenada correctamente, programada con principios éticos, contribuir a estos fines?
La respuesta, si se diseña desde dentro de la administración —y no desde fuera para ella—, es sí.
La IA como facilitadora de derechos
La mayoría de ciudadanos no entienden cómo funciona un expediente. Ni cómo reclamar. Ni cómo saber en qué fase está su trámite.
Una IA bien diseñada puede:
Explicar con lenguaje claro qué documentos faltan.
Ofrecer simulaciones de plazos, tiempos y recursos.
Traducir tecnicismos administrativos a lenguaje común.
Detectar incoherencias en tiempo real y evitar retrasos innecesarios.
Es decir: puede actuar como puente entre la administración y la ciudadanía.
Riesgos de una IA sin vocación pública
Una IA entrenada solo con datos comerciales o sin comprender el contexto legal puede:
Reproducir sesgos y desigualdades existentes.
Automatizar errores masivos sin trazabilidad.
Confundir automatización con arbitrariedad.
Excluir a quien no se adapta a lo digital.
Por eso no basta con tener IA en lo público: necesitamos una IA formada en servicio público.
Hacia un nuevo diseño institucional
Para que una IA tenga vocación pública, no basta con ser eficiente. Debe ser:
Trazable: que podamos entender cómo ha llegado a una conclusión.
Explicable: que su lógica se pueda traducir al lenguaje administrativo.
Revisable: que sus decisiones puedan ser corregidas.
Accesible: que sirva también a quien no domina la tecnología.
No hablamos de sustituir el trabajo público. Hablamos de prolongarlo, extenderlo, reforzarlo.
¿Qué pasaría si lo hiciéramos bien?
Tendríamos:
Menos burocracia, sin menos garantías.
Más atención ciudadana, sin colapsar agendas.
Más seguridad jurídica, sin saturar técnicos.
Una administración más confiable, más comprensible y más respetada.
Una IA con vocación pública no reemplaza al técnico: le da voz, contexto y tiempo.
Conclusión
No, la inteligencia artificial no tiene alma.
Pero puede tener misión, si se diseña desde la ética, la legalidad y la vocación de servicio que sostienen la administración pública desde hace siglos.
Consistorio AI no propone una IA para ayuntamientos.
Propone una IA pensada desde dentro de lo público, para mejorar lo público y respetar lo público.
Y eso también es, en esencia, vocación de servicio.